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El TSJC, arrogándose de unas funciones que no le incumben, ha deliberado sobre la legalidad del modelo lingüístico de la escuela catalana y ha emitido una sentencia que da la razón a los demandantes pero valida el carácter general del catalán como lengua de aprendizaje en la escuela catalana.

El modelo lingüístico y los programas de inmersión no resultan afectados por la sentencia como principio general, pero el tribunal, a partir de las demandas de tres familias para que sus hijos sean escolarizados en castellano, establece una escolarización a la carta donde unos padres tienen la posibilidad de decidir sobre un aspecto central del currículum educativo, por encima de la ley y de los proyectos educativos del centro.

Actualmente, según la ley y las normativas vigentes, ya es posible un marco de excepción lingüística en la primera escolarización. La excepción tiene un caracter temporal y se basa en un refuerzo para que los alumnos puedan incorporarse, lo antes posible y en las mejores condiciones, al sistema general, en igualdad de condiciones que sus compañeros de aula.

Hoy es un día para volver a afirmar solemnemente que no se puede renunciar a tener una escuela que no segrega por motivos de lengua y, como dicen tantas pancartas colgadas en las escuelas: Por un país de todos, la escuela en catalán.

Reclamamos sentido de responsabilidad e inteligencia a las autoridades educativas de Cataluña, empezando por la consejera Rigau para que no se produzca ninguna modificación de los proyectos educativos de centro y que se vele por las primeras víctimas de esta sentencia, es decir los hijos e hijas de los demandantes, ya que no se les puede condenar a un régimen de excepcionalidad y han de poder vivir su etapa escolar en igualdad y plena normalidad.

La sentencia no es tranquilizadora, ya que pone una cuña en nuestro sistema educativo, abre un camino señalizado a nuevas demandas de excepción y a la desestabilización, dificulta el trabajo de los docentes y la organización de los centros afectados (y de los que en el futuro puedan encontrarse en estas circunstancias) y discute la autoridad de las instituciones democráticas catalanas para organizar nuestro sistema educativo. Es paradójica la influencia de tres familias que ponen en jaque a nuestra escuela, cuando en el País Valenciano decenas de miles de demandas de escolarización en catalán no son atendidas y derivadas a la fuerza a la escolarización en castellano. Detrás de este ataque, vía judicial, contra nuestra lengua, no hay una preocupación por la educación de los hijos, ni un debate pedagógico, sencillamente hay una posición ideológica y unas fuerzas adversas a la normalización lingüística dispuestas a romper la convivencia y la cohesión social para desbancar el catalán de uno de los pocos ámbitos donde cuenta con un espacio favorable.

La escuela catalana y su modelo lingüístico, que tiene el catalán como lengua común y de aprendizaje, a menudo con alumnado de procedencia multilingüe, es un modelo de éxito que tiene como objetivo que la adquisición de las máximas capacidades lingüísticas en las dos (tres, contando el aranés en su ámbito propio) lenguas oficiales sea un instrumento a favor de la igualdad de oportunidades y para facilitar el acceso universal en el mundo simbólico y cultural catalán que, de otra manera, sólo sería patrimonio de una parte de la población. Los programas de inmersión y el uso vehicular del catalán como lengua propia de la enseñanza, tras una experiencia de treinta años de escuela catalana democrática, han demostrado ser la mejor garantía de éxito en estos objetivos, marcados por un consenso social que se mantiene sólido. Y eso es irrenunciable como sociedad.

Pedimos al gobierno de la Generalitat que no de ningún paso atrás en este terreno y llamamos a la comunidad educativa, y a toda la sociedad que la rodea, a mantener y a mejorar en lo que haga falta el legado pedagógico de calidad, de identificación con el país y de convivencia que hemos construido en cada uno de nuestros centros educativos.